OPINIÓN

El CEDA, interesado en promover la sana discusión, el pensamiento crítico y la reflexión madura sobre algunos problemas centrales del derecho público, percibidos en el ejercicio profesional asociado a esta área del derecho, incluye en este espacio las ideas de miembros del CEDA y de otros profesionales del derecho, que contribuyen a generar, en la sociedad jurídica y política, criterios intelectualmente reflexivos que ayudan a observar los procesos sociales y jurídicos que acontecen en nuestro país.

En todo caso, la opinión del autor que sirve de base al debate que se origina con su escrito puede ser objeto de réplicas o de apoyo por parte de los lectores, para lo cual basta con que cada uno manifieste su propio pensamiento sobre la perspectiva que sirve de punto de partida a la reflexión. Ese texto base, finalmente, es una excusa, una provocación o estímulo para propiciar la opinión de los interesados en esta sección de la página del CEDA.
NUEVA OPINIÓN 

12 May 2018

CRISIS EN LOS POSGRADOS DE DERECHO

Fabián G. Marín Cortés

 

La formación de los estudiantes de posgrado en derecho se encuentra en una crisis profunda, desde hace muchos años, tanto en especializaciones como en maestrías y doctorado. Ninguno se salva. Pero se trata de una crisis administrativa y académica, no económica.

 

Hasta hoy, el país ha puesto la atención en los problemas de formación de la educación básica y un poco en la de pregrado –además solo recientemente–, pero no se ha dirigido la atención ni propuesto el debate en los posgrados. Como dicen los médicos, si se apriete sale pus.

 

Lo sabemos los profesores, pero no protestamos, unos por comodidad, otros por impotencia y otros porque también están en crisis, o todas las anteriores. Lo conocen las directivas universitarias, que tampoco protestan, unas porque les interesa más el lucro que enseñar científicamente el derecho; y otras porque la necesidad de contar con un posgrado –aunque de mala calidad– es necesario para el prestigio institucional; o por ambas razones, y en cualquier caso les interesa más que la excelencia académica de los alumnos. Desde luego que lo sabe el Ministerio de Educación, pero continúa aprobando la apertura de posgrados, revalidando el funcionamiento de los autorizados, sin hacerle el seguimiento adecuado, así que no protesta porque confesaría su culpa en la vigilancia del servicio público. Todavía más penoso: lo saben los alumnos, que tampoco protestan, en cambio, se matriculan en programas pésimos, muchos porque deliberadamente evaden la exigencia académica, y otros porque no buscan formase con tenacidad sino obtener el título de posgrado –para fines laborales y salariales, no académicos– o quizá por las dos razones.

 

Lo lamentable es que en los pocos casos en que se protesta, muchos profesores lo hacen, pero para pedir menos carga académica o exención de clases, para dedicarse a investigar sin enseñar, ni siquiera para dar un cursito corto. Cuando las directivas protestan lo hacen para recomendarle a algunos profesores, disimuladamente, que los alumnos no pierdan la materia, o para pedirles que evalúen simbólicamente, para hacer atractivo el posgrado para sus cuentas y para los aspirantes flojos. El Ministerio no protesta, si lo hiciera no autorizaría la mayoría de posgrados. Y si protestan los alumnos es para incomodar a los profesores exigentes, no para reprochar a los mediocres, cuando está en riesgo la materia, sobre todo cuando pierden varios estudiantes, envalentonados como masa. Parecen alumnos de colegio, no universitarios.

 

Cada vez son menos las ocasiones en las que el reproche se promueve en defensa de la calidad excelsa de la educación universitaria. Ya no hay mártires de esta causa, y menos de la educación de posgrado. Incluso, esto sucede a los ojos de la policía administrativa –Ministerio de Educación y parcialmente el Ministerio de Justicia y del Derecho–, pero como acontece con otras irregularidades del país, las autoridades no ven nada, quizá porque lo que está en la nariz es menos visible que lo distante.

 

De los cuatro responsables de la pésima calidad en la enseñanza del derecho, a nivel de posgrado, las universidades tienen una responsabilidad mayor, porque en sus manos está, no se dude, detener inmediatamente el desangre académico, pero no lo evitan, más bien lo alientan, porque: forman especialistas que no son especialistas de nada; forman magister que no son maestros, ni saben escribir, y si mucho llegan a especialistas; forman doctores que no son doctores y tampoco saben escribir, y además no ejercen lo que aprendieron; califican estudiantes con promedio de 4,5 que no saben lo que la nota dice; cuentan con profesores que saben lo mismo que los alumnos; definen profesores una semana antes de dictar la materia; tienen profesores que la universidad no conoce, ni nadie… –recomendados del recomendado–, una verdadera lotería para los alumnos; admiten alumnos que no conocen lo mínimo del área en la que se especializarán o se harán maestros o doctores; a lo sumo hacen entrevistas de admisión, que no retienen aspirantes; no hacen exámenes de ingreso, salvo el médico; invitan a pagar una especialización y hacer dos, o a pagar una especialización y valer la mitad de las materias de otra o de la maestría; inclusive ofrecen hacer dos especializaciones en un año; ni qué decir de empezar un posgrado antes de graduarse de pregrado…, pero en la misma universidad; así mismo, organizan posgrados en derecho para juntar en el salón abogados y no abogados; ofrecen clases concentradas una vez al mes; etc., etc., etc.

 

Ustedes que creen: ¿las anteriores estrategias, administrativas y de mercadeo, favorecen a la educación o a las finanzas?

 

La crisis es tan fuerte que hasta universidades y alumnos formados en otros países de América y de Europa se encuentran en la misma situación, ¿o usted en este momento no tiene ya en la mente un compañero de pregrado, o de ejercicio profesional, por el que no da un peso, no obstante que viajó y regresó con un título que solo en Colombia se lo habrían dado? Pero hay que abonar que ese compañero era un obstinado buscador de becas y ayudas, que completaba formularios en internet y mandaba documentos donde hubiera qué hacerlo, sin importar qué posgrado le ofrecía la beca. Por eso resultó especialista en el área para

 

la cual la universidad extranjera tenía cupo, no en algo que correspondiera a las aspiraciones profesionales de su colega.

 

Esta realidad es la de todas las universidades del país, públicas y privadas, sin distinguir ciudades, aunque afecta más a unas que a otras. Pero nadie se escapa, y como acabo de decir, hasta universidades extranjeras que admirábamos ya padecen lo mismo.

 

El mercadeo de los posgrados amenaza la excelencia académica, como sucede con casi todos los servicios públicos que se comercializan despiadadamente. Una fuerza muy poderosa somete a las directivas académicas, que aún extraídas de la academia más pura sucumben ante las variables y metas de los negocios.

 

Entre otras cosas, ¿cuántas universidades valoran como suyos a los exalumnos de posgrado, como sí lo sienten por los de pregrado –incluidos los estudiantes flojos–? Eso significa que el esfuerzo puesto en la formación es así de comprometido. Los posgraduados no pertenecen sentimentalmente a ninguna universidad, porque ellas no los estiman. Claro que ellos tampoco se sienten pertenecer a ella, aunque lo quisieran, seguramente porque no reciben la misma atención para hacerlos sentir de ese lugar.

 

Hay que pensar seriamente en lo que sucede, porque las universidades instrumentalizan a los alumnos de posgrado, aunque les cumplan las obligaciones mientras son alumnos. Este comentario apunta, más bien, al sentido de pertenencia que crean con ellos, que honestamente es ninguno. hay que reflexionar en el modelo de educación que ofrecen los programas de posgrados, a falta de que lo haga el Ministerio de Educación. Para esto podría funcionar la autorregulación, y si no ¿para qué es la autonomía universitaria? De esa manera las universidades impondrían reglas de excelencia educativa, y todos saldrían ganando: profesores, universidades, alumnos, y hasta el Ministerio de Educación.

 

Para elevar sustancialmente el nivel académico de los posgrados, en el corto plazo, propongo que cada universidad tome decisiones alrededor de los siguientes aspectos, y mejor si hacen un pacto regional, todavía mejor si es nacional, sobre un acuerdo de mínimos en los siguientes aspectos: excluir las políticas de mercadeo de la decisiones académicas de los posgrados; hacer examen de conocimientos para la admisión, con una media para el ingreso; valorar el perfil profesional de los aspirantes y exigir experiencia profesional; contar con profesores vinculados tiempo completo y medio tiempo para los posgrados; revisar la duración de las especializaciones y maestrías, si se quiere formar especialistas y maestros de verdad; no dictar clases una vez al mes, e inclusive revisar las jornadas.

 

quincenales; no matricular en posgrado estudiantes de pregrado ni profesionales de otras disciplinas; acordar reglas para el seguimiento estricto a las exigencias académicas que hacen los profesores, porque no basta ser un brillante profesional, sino contar con un método de trabajo que exija académicamente a los alumnos; interesarse en la formación integral de los alumnos, aunque sean de posgrado; evaluar los cursos: no más calificaciones de asistencia, notas de concepto, trabajos en grupos de 5 alumnos, y menos aún la promesa de que ninguno perderá –todo esto debería ser una falta disciplinaria del profesor–.

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