OPINIÓN

El CEDA, interesado en promover la sana discusión, el pensamiento crítico y la reflexión madura sobre algunos problemas centrales del derecho público, percibidos en el ejercicio profesional asociado a esta área del derecho, incluye en este espacio las ideas de miembros del CEDA y de otros profesionales del derecho, que contribuyen a generar, en la sociedad jurídica y política, criterios intelectualmente reflexivos que ayudan a observar los procesos sociales y jurídicos que acontecen en nuestro país.

En todo caso, la opinión del autor que sirve de base al debate que se origina con su escrito puede ser objeto de réplicas o de apoyo por parte de los lectores, para lo cual basta con que cada uno manifieste su propio pensamiento sobre la perspectiva que sirve de punto de partida a la reflexión. Ese texto base, finalmente, es una excusa, una provocación o estímulo para propiciar la opinión de los interesados en esta sección de la página del CEDA.
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25 Aug 2018

LA REFORMA A LA JUSTICIA QUE SE NECESITA

Fabián G. Marín Cortés

 

Hace varios meses el Gobierno Nacional, la rama judicial, los partidos políticos y otros sectores de la sociedad preparan propuestas para reformar la justicia. Todo indica que este semestre se radicarán; obviamente serán proyectos de reforma constitucional, pero perfectamente también proyectos de ley; y las Altas Cortes incluso participarán con la modificación a sus reglamentos internos.

Sea lo que fuere, el punto de partida de este trabajo tiene que respetar un principio básico, una línea roja para cualquier propósito, que garantiza y protege al Estado de derecho: la independencia judicial, que incluye varios elementos: la autonomía administrativa, la libertad funcional y la suficiencia y autonomía financiera. Lo último aún no existe en Colombia, porque la rama judicial aprueba el presupuesto y la rama ejecutiva lo administra parcialmente.

Resguardado lo anterior, y cualquiera sea la iniciativa que se formule o el sector del que provenga, las propuestas no deberían concentrarse en aspectos poco determinantes, como el número de altas cortes, la edad de los magistrados, su horario de trabajo, si pueden o no dar clases, porque ahí no están los verdaderos problemas. Para quienes desconocen la rama judicial esto puede parecer lo más importante, pero no lo es. Desde luego que existen dificultades en estos frentes, pero no dejan de ser accesorias ante los verdaderos retos de la justicia. Lo transcendental, lo sustancial, son los siguientes temas:

i) La formación de los abogados, que son quienes se desenvuelven en el sistema, como asesores, litigantes, representantes del ministerio público, empleados y funcionarios judiciales, cuya baja calidad profesional incide directamente en el buen servicio de justicia. La formación insuficiente, tanto en lo ético como en lo técnico, imputable al sistema universitario, es responsable de parte importante de los dolores de cabeza que desconciertan a la justicia.

Trabajar en esta línea resolvería muy buena parte de los problemas, eso sí, en el largo plazo, pero es lo que más y mejores resultados garantizaría.

ii) La congestión judicial es el mal que más afecta y perciben los ciudadanos, porque una justicia inoportuna, por causa de la enorme cantidad de procesos a cargo de cada juez, desalienta a la ciudadanía que pronto pierde la confianza en quienes administran justicia. Y olvídense que la congestión se debe a que los funcionarios y empleados judiciales son vagos y perezosos; se trata de la mayor calumnia e infamia que se puede cometer contra esos servidores públicos. El problema es bien conocido: a los despachos entran más procesos de los que pueden tramitarse oportunamente. Basta confrontar estadísticas de ingresos y salidas, en los últimos 25 o 30 años.

Un proceso debería durar un año y medio en sus dos instancias –aunque admito hasta dos años–, tiempo que no puede imponérsele a jueces que tienen 500, 700 o 1000 expedientes. Para cumplir esa meta, el volumen de trabajo –“carga de trabajo razonable”– debe corresponder a lo que para la ingeniería de procesos –no para el derecho procesal– puede evacuar un equipo de trabajo dedicado responsablemente a decidir litigios, y sin producir daños a la salud de los trabajadores.

Avanzar en esta línea daría resultados en el corto y en el mediano plazo, pero se necesitan abundantes recursos económicos para crear puestos de trabajo en los despachos donde no hay personal suficiente, y sobre todo –esto es lo definitivo– crear muchos despachos judiciales completos, en todas las instancias procesales –de ninguna manera más personal para los que tienen suficientes empleados–.

El análisis es lógico, si por ejemplo un despacho produce 300 sentencias, 1000 autos y 200 audiencias al año, con más despachos judiciales se ampliarían los números, y la respuesta a las demandas de justicia sería efectiva.

Si el gobierno quiere darle un golpe contundente y definitivo a la ineficiencia de la justicia, pero no a los jueces y a sus empleados, esta medida sería concluyente.

iii) La eliminación de las funciones electorales de las Altas Cortes es otro aspecto en el que existe consenso nacional, incluida la judicatura. No me queda la menor duda que se debe prescindir de estas competencias, que sin ser la causa del mal más sensible de la justicia es una de las fuentes de mayor desprestigio. Con esta medida, el juez de alta corte se concentraría en su actividad estrictamente judicial, en lugar de relacionarse con otros poderes públicos que lo confunden y distraen.

Pero reconozco que el problema real de la justicia no es este, por vergonzosos que sean los escándalos que surgen cíclicamente; sin embargo, hay que aprovechar la ocasión para eliminar este mal institucional que produjo la intervención de los jueces en la elección de otros funcionarios, sobre todo por su origen político.

iv) Como parece que las propuestas de reforma se referirán a aspectos menos decisivos de la justicia, en comparación con los tres anteriores, aprovecho para plantar las siguientes sugerencias sobre el perfil laboral y profesional de los magistrados: a) se debe exigir que los candidatos tengan suficiente experiencia en el área del derecho que se requiere conocer para ejercer en la Sala o Sección a la cual aspiran, porque es extravagante que un civilista sea magistrado de la Sala Penal, y viceversa, o que un laboralista integre la sección de impuestos o la electoral del Consejo de Estado, y viceversa, así ganen una eventual prueba de conocimientos; b) el período de los magistrados de alta corte debe ser de 12 años –nunca período indefinido–, para mejorar la estabilidad jurisprudencial y de paso la seguridad jurídica; c) indagar por la integridad psico-emocional, mediante pruebas sicológicas para el acceso al servicio, como se realizan para cualquier otro empleo, público o privado, porque, de verdad, algunos juristas muy inteligentes académicamente tienen problemas serios de conducta, que se reflejan en el liderazgo laboral y en la capacidad de trabajar en equipo; y d) el congreso de la república no debe elegir magistrados, con esto se evita la politización de la justicia.

En todo caso, espero que la reforma que se apruebe no se agote en aspectos cosméticos, ni en medidas que no exigen inversión de recursos, como probablemente sucederá, porque los verdaderos problemas de la justicia colombiana se resuelven con plata, la misma que el Ministerio de Hacienda no quiere ni puede poner.

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