RESUMEN. Las entidades estatales cuentan con la potestad exorbitante de terminar un contrato de manera anticipada, frente a la ocurrencia de graves incumplimientos por parte del contratista, dando lugar a la «declaratoria de caducidad». El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―EGCAP― contempla dos causales de inhabilidad que se derivan de dicha declaratoria de caducidad. En este sentido, el objetivo de este escrito consiste en estudiar y analizar las causales c) e i) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, las cuales contemplan inhabilidades que surgen como consecuencia de la declaratoria de caducidad.

RESUMEN. El legislador ha previsto un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para ser contratista del Estado que se fundamenta en la protección del interés general y la proporcionalidad en la limitación a los derechos de igualdad y capacidad contractual que ostentan los particulares. De este modo, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―EGCAP― ha previsto un listado de causales diverso y amplio. El texto pretende examinar, puntualmente, la inhabilidad de los contratistas derivada de la declaratoria de caducidad de un contrato estatal. De este modo, se estudian los literales c) e i) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Como ruta metodológica, el texto se desarrolla en dos momentos: primero, una etapa descriptiva que da cuenta del supuesto fáctico de la causal de inhabilidad; luego, una etapa analítica o crítica, que presenta problemáticas relacionadas con la causal.

RESUMEN. Con el estudio de la inhabilidad predicable de «Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas […]», el CEDA inicia el estudio de la parte especial de las inhabilidades e incompatibilidades. El escrito contiene, en primer lugar, una afrenta a la posición común y pacífica que interpreta que la causal tiene un contenido sancionatorio o puede clasificarse como una inhabilidad-sanción; luego, analiza la aparente antinomia producida entre la disposición estudiada y los artículos del Código Penal que preceptúan una institución casi idéntica. Finalmente, expone dos problemáticas de menor magnitud: la vigencia temporal de la inhabilidad y la importancia de la consulta de antecedentes judiciales.

RESUMEN. La caducidad es una consecuencia gravosa para el negocio jurídico, en la medida en que supone su terminación y la consecuente insatisfacción de la necesidad del Estado. Este efecto no solo se predica del contrato, sino también del contratista, a quien el ordenamiento jurídico le impone prohibiciones para participar en el mercado. Particularmente, se destaca lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, literales c) e i), de la Ley 80 de 1993, esto es, las inhabilidades para contratar con el Estado en razón de dar lugar a la declaratoria de caducidad, ser socio de personas a las que se les impuso esta sanción, o ser sociedad de personas creadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad de alguno de sus miembros.