OPINIÓN

El CEDA, interesado en promover la sana discusión, el pensamiento crítico y la reflexión madura sobre algunos problemas centrales del derecho público, percibidos en el ejercicio profesional asociado a esta área del derecho, incluye en este espacio las ideas de miembros del CEDA y de otros profesionales del derecho, que contribuyen a generar, en la sociedad jurídica y política, criterios intelectualmente reflexivos que ayudan a observar los procesos sociales y jurídicos que acontecen en nuestro país.

En todo caso, la opinión del autor que sirve de base al debate que se origina con su escrito puede ser objeto de réplicas o de apoyo por parte de los lectores, para lo cual basta con que cada uno manifieste su propio pensamiento sobre la perspectiva que sirve de punto de partida a la reflexión. Ese texto base, finalmente, es una excusa, una provocación o estímulo para propiciar la opinión de los interesados en esta sección de la página del CEDA.
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  • José Luis Sánchez Cardona

En tiempos de pandemia y de crisis sanitaria se hace evidente la decadencia de los valores que debe construir una humanidad pacífica y solidaria, evidenciándose en la falta de conciencia o, peor, en la carencia de sensibilidad sobre el respeto a los bienes comunes. Aquí yace la contradicción del ser humano, que estigmatiza al personal de la salud por su exposición en la lucha contra el coronavirus, pero, ¿quién se indigna con la corrupción?


La corrupción como fenómeno se normaliza, y se convierte en un hecho común y rutinario de todas las esferas sociales, no solo del sector público sino también del privado. Para Calsamigilia «Todas las sociedades viven y conviven con un cierto grado de corrupción. Muchos ciudadanos y muchos corruptos se rasgan las vestiduras ante los escándalos de corrupción. Pienso que en el tema de la corrupción se da mucha hipocresía y que de la misma forma que convivimos con la criminalidad lo hacemos con la corrupción».


La hipocresía, la falta de interés por los bienes comunes, la carencia de altruismo y el constante uso de estrategias individuales como mecanismo de beneficio y egoísmo, son el escenario perfecto para la corrupción. Ante este panorama, es común criticar a las entidades del Estado como organizaciones corruptas, que solo piensan en el despilfarro de los recursos. Sin embargo, ¿quién se pronuncia sobre algunas empresas particulares que contratan con el Estado, cuando actúan como carteles para obtener la máxima utilidad, en detrimento del erario?


No es apresurado afirmar que pocos se indignan, y además normalizan la corrupción entre las entidades públicas y las organizaciones privadas. La corrupción no es un virus que solo afecte el ámbito público, sino también el privado, siendo la constatación de una pérdida de respeto por el bienestar común. Esta pandemia no solo se desarrolla en las dictaduras, sino las democracias, convirtiéndose en un factor de deslegitimación de los Estados de derecho contemporáneos.


De igual manera, las sociedades contemporáneas conviven con la corrupción, cuyas conductas, como el abuso y la desviación del poder, el egoísmo, la deslealtad y el fraude, son patrones que condicionan la actuación de las instituciones públicas y de las privadas.


Para Ernesto Garzón Valdés la corrupción es una forma de explotación segmentaria de la desconfianza, cuyo éxito se relaciona con los beneficios particulares y la pérdida de confianza en la cooperación, en la distribución igualitaria de oportunidades y en el respeto al individuo. Si las instituciones no responden al bien común, y por el contrario se transforman en un instrumento de competencia y beneficio particular, traicionan el ideal democrático y amenazan la existencia y legitimidad de cualquier Estado que se catalogue como social y democrático.


Sumado a lo anterior, el fenómeno de la corrupción empeora con la ineficacia del Estado. Los instrumentos para combatirla resultan insuficientes, lo que permite entender la capacidad de aquel virus para adaptarse a cualquier sistema normativo, independientemente de que se caracterice por poseer un amplio conjunto de reglas o sanciones severas. Las formalidades cada vez más comunes en los constantes y cambiantes estatutos anticorrupción no garantizan la lucha contra esta pandemia, evidenciando que el problema no es normativo, sino de los valores que fundan la sociedad.


La legalidad estricta, como soporte del Estado de derecho, no es suficiente para evaluar la actividad de la Administración y para definir la responsabilidad de sus funcionarios por hechos de corrupción en la función pública, por lo que debe acudirse a contenidos morales orientadores y limitadores de la conducta. La moralidad administrativa, con su doble naturaleza –como principio de la función administrativa y como derecho colectivo–, se convierte en una institución de fundamentación, interpretación y control a la actividad administrativa.


De esta apreciación no se deriva que la moralidad administrativa y los medios de control jurídicos y políticos sean suficientes para eliminar la corrupción. La cuestión parte de reconocer que la corrupción es un problema endémico de las instituciones y de la sociedad, lo cual implica reflexionar sobre el tipo de valores y principios que estamos dispuestos a promover, y cuáles a desechar. Mientras no seamos conscientes de la situación que padece la sociedad, estamos condenados a vivir en la normalidad de la pandemia de la corrupción.


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