OPINIÓN

El CEDA, interesado en promover la sana discusión, el pensamiento crítico y la reflexión madura sobre algunos problemas centrales del derecho público, percibidos en el ejercicio profesional asociado a esta área del derecho, incluye en este espacio las ideas de miembros del CEDA y de otros profesionales del derecho, que contribuyen a generar, en la sociedad jurídica y política, criterios intelectualmente reflexivos que ayudan a observar los procesos sociales y jurídicos que acontecen en nuestro país.

En todo caso, la opinión del autor que sirve de base al debate que se origina con su escrito puede ser objeto de réplicas o de apoyo por parte de los lectores, para lo cual basta con que cada uno manifieste su propio pensamiento sobre la perspectiva que sirve de punto de partida a la reflexión. Ese texto base, finalmente, es una excusa, una provocación o estímulo para propiciar la opinión de los interesados en esta sección de la página del CEDA.
Publicaciones
  • José Luis Sánchez Cardona

En tiempos de campaña política los candidatos al congreso y a la presidencia expresan un discurso fuerte contra la corrupción, manifestando que lucharán y juzgarán con severidad a quienes roban las arcas públicas. Sin embargo, se trata más de un discurso que de una realidad, pues la corrupción no se resuelve con sanciones penales o administrativas más fuertes, en el entendido que debe comprenderse como un fenómeno social de todos los Estados, que se normaliza en hechos comunes y rutinarios en todas las esferas sociales, no solo del sector público sino del sector privado.


Calsamiglia dice que todas las sociedades conviven y viven en escenarios de corrupción, igual que con la criminalidad. Y Ernesto Garzón Valdés expresa que la corrupción es una forma de explotación segmentaria de la desconfianza, cuyo éxito se vincula con los beneficios particulares y la pérdida de la confianza en la cooperación, en la igual distribución de oportunidades y en el respeto del individuo. Si las instituciones jurídicas no responden al bien común y, por el contrario, se transforman en un instrumento de beneficio particular y de corrupción, traicionan el ideal democrático y ponen en peligro su existencia y legitimidad.


Lo anterior refleja que el discurso contra la corrupción es bastante discutible, puesto que la solución parte de comprender la hipocresía, la falta de interés en los bienes comunes, la carencia de altruismo y el constante escenario de las estrategias individuales como mecanismo de beneficio propio en los diferentes campos de la sociedad. Como ya lo plantee en otra columna de opinión, «La corrupción: la pandemia de los Estados de derecho contemporáneos», este fenómeno social es un virus que se adapta a las instituciones que componen el Estado. En su momento expresé que esta pandemia no solo convive con las dictaduras sino también con las democracias, convirtiéndose en un factor de deslegitimación de los Estados. En esta línea, los Estado de derecho, en lugar de ser un sistema de controles jurídicos y políticos, se convierte en un campo de juego de intereses particulares.


A pesar de este entendimiento –de teóricos de la política, del derecho, de la sociología, entre otros–, los políticos buscan réditos ampliando y creando nuevas reglas para luchar contra la corrupción y fortalecer la transparencia pública. Bajo este estandarte se han creado un sinfín de normas que buscan combatir la corrupción, pero que en realidad fundan un populismo administrativo, que concibo como un instrumento de respuesta frente a la insatisfacción de la ciudadanía en el manejo de la gestión pública. El populismo administrativo no garantiza, en términos objetivos, una verdadera lucha, sino que permite entender que este fenómeno social tiene la capacidad de adaptarse a cualquier sistema normativo, independientemente de que se caracterice por poseer un amplio conjunto de reglas o sanciones severas.


En este mismo orden de ideas, las formalidades, cada vez más comunes en los constantes y cambiantes estatutos anti-corrupción, no garantizan, con efectividad, la lucha contra la corrupción como fenómeno social, evidenciando que el problema no es una cuestión jurídica, sino de los valores que conserva la sociedad. Por el contrario, la configuración de este populismo administrativo hace que la Administración pública sea menos eficiente, por contener reglas que no garantizan la supresión de la corrupción. En mi criterio, el problema en Colombia no subyace en la construcción de una legalidad estricta y en una hiperregulación de las actuaciones administrativas, apuntalada en mayores procedimientos y sanciones administrativas o penales, sino en que es necesaria una fuerte interiorización del respeto por lo público y en valorar los bienes comunes y colectivos.


No tengo duda de que el populismo administrativo no resuelve el problema, en su lugar crea un fetichismo legal que se basa en que el derecho puede resolver las dificultades que como sociedad debemos solucionar, reorientando la educación y la cultura.


Que sea la ocasión de revisar los valores y principios que debe vivir una sociedad democrática, con sus diversas corrientes, ideas y pensamientos, para defender lo público en un escenario donde la política cumple un rol fundamental. Es necesario cambiar y educar las generaciones actuales y futuras en la defensa del interés general y de los bienes públicos, porque de no hacerlo estamos condenados a escuchar noticias sobre la corrupción.


Abogado y especialista en derecho administrativo de la Universidad de Antioquia. Candidato a magister en derecho público en la Universidad EAFIT. Ex integrante del Grupo Estudio de Derecho Público adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA-. Actualmente es abogado de la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-. Correo: jolusanchezcar@hotmail.com.

76 visualizaciones
Historial de opiniones
Archivo