POSTURAS DIVERGENTES DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPECTO AL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN (IBL) EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Sandra Liliana Pérez Henao

Posición del Consejo de Estado

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Con base en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente desde la expedición de las sentencias del 4 y del 26 de agosto de 20102, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; de un modo ciertamente pacífico, las pensiones para los servidores públicos que estuvieran cobijados por el régimen de transición venían liquidándose en una cuantía equivalente al 75% de los factores salariales de creación legal devengados en el último año de servicios, para aquellas personas que acreditaran un total de veinte años de servicio y 55 años de edad.

En la sentencia del 4 de agosto de 2010, el Consejo de Estado retomó el análisis de los factores a reconocer en la base de liquidación pensional cobijados bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, concluyendo frente a los mismos que deben ser entendidos como principio general y no como una relación taxativa de factores o emolumentos para establecer la base de liquidación.

Igualmente, ha indicado el Consejo de Estado que el Ingreso Base de Liquidación hace parte del régimen de transición, por cuanto incide directamente en el derecho pensional del beneficiario3.

Similares pronunciamientos ha expedido la Sección Segunda, entre otras, mediante sentencia de fecha 25 de febrero de 20164, en la que señaló:

«Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:

1) »La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión “monto” contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

2) »Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencia de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado “asumirá la deuda pensional que esté a su cargo”.

3) »Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.

4) »La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.

5) »Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado “bloque de constitucionalidad”, no se predican exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de “monto” en las

pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.

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