RESUMEN. La licitación pública, como modalidad de selección de un contratista en el ámbito de la contratación pública, es una actuación administrativa sumamente compleja y de una importancia superlativa. En consecuencia, su apertura debe estar plenamente justificada y sustentada con el fin de dar cumplimiento al principio de planeación. Así, los estudios de oportunidad y conveniencia —estudios previos— son los documentos que cumplen dicha función, proporcionando seguridad jurídica al proceso y garantizando el cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones a los eventuales proponentes. En primer lugar, el escrito abordará la fundamentación legal de dicha institución, pasando por la Constitución hasta el reglamento. En segundo lugar, se analizará la publicidad de dicho documento, y sus elementos de forma como el momento y la competencia para publicarlo. En tercer lugar, se comentará sobre la naturaleza jurídica de dicho documento. Por último, se plantearán algunas posibles consecuencias en caso de que estos estudios previos falten o se desarrollen de manera negligente.

RESUMEN. El Estatuto General de Contratación de la Administración pública establece la necesidad de que las entidades realicen varias actuaciones previas a la apertura del procedimiento de selección y a la celebración del contrato. Las disposiciones tienen la finalidad esencial de que se planee de forma eficiente y suficiente la futura contratación; además, de que lo que se vaya a adquirir tenga las características requeridas para satisfacer la necesidad identificada, y en las mejores condiciones de mercado posibles. Uno de las actuaciones principales que materializan esta exigencia es la elaboración, e incluso publicación de los estudios y documentos previos. De ahí que, en este texto se analizarán, entre otros elementos, su marco normativo, contenido esencial y su composición dogmática.