RESUMEN. Actualmente, el legislador dispone de dos modalidades de seguimiento a la ejecución de los contratos estatales: la supervisión, que se ejerce directamente por la entidad y sus servidores públicos; y la interventoría, que supone la contratación de un tercero ajeno con conocimientos técnicos especializados. Tanto supervisores como interventores tienen un rol activo en la ejecución y liquidación de los contratos, una multiplicidad de actividades y facultades que se han consolidado en la praxis más que en el ordenamiento. El texto indaga por sus funciones, su fundamento jurídico y el límite a estas. A su vez, problematiza brevemente el pago de la interventoría con recursos del contratista.

RESUMEN. El ejercicio de las funciones y facultades de los supervisores e interventores no es una cuestión insignificante en el régimen. Admitiendo que las normas no son exhaustivas, y que su estructura no es extraña a los problemas de ambigüedad, vaguedad e indeterminación del lenguaje, se problematiza esta dimensión del régimen de la vigilancia contractual. Adicionalmente, se relaciona la modificación de este en cuanto al plazo de la interventoría, en tanto el Estatuto Anticorrupción superó un inconveniente de la regulación anterior.