RESUMEN. Este ensayo examina la presunción de legalidad del acto administrativo en el contexto de las acciones populares. Se estudia la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto a las facultades del juez popular para revisar y anular actos administrativos que vulneren derechos colectivos. El estudio comprende desde la Ley 472 de 1998 hasta la entrada en vigencia del CPACA en 2011, explorando las diversas tesis jurisprudenciales sobre el alcance de estas facultades. Se destaca el cambio normativo introducido por el artículo 144 del CPACA, inciso segundo, que prohibió al juez popular impartir órdenes de nulidad en esta vía judicial, pero que, a la vez, esta disposición normativa determinó que ese funcionario judicial estaba facultado para adoptar otro tipo de medidas que permitieran conjurar la amenaza o vulneración de derechos colectivos atribuible a los actos administrativos. Lo cual, cuanto menos, plantea cuestionamientos frente a si este cambio normativo afecta el carácter principal de la acción popular y su eficacia para proteger derechos e intereses colectivos cuya amenaza provenga de un acto administrativo. Para ello se estudian las sentencias C-644 de 2011 de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2018, la cual apunta a clausurar la discusión mantenida por casi dos décadas.

RESUMEN. El texto hace un análisis de la jurisprudencia que estudia la posibilidad de que los árbitros afecten la presunción de legalidad de los actos administrativos, decidiendo sobre su validez. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha establecido matices para que los árbitros puedan administrar justicia en controversias contractuales de la Administración, sosteniendo que en ningún caso puede el árbitro pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades exorbitantes. Por último, se destacan problemáticas que surgen de la aplicación de esta línea jurisprudencial, y su contraste con la normativa vigente.

RESUMEN. Con el ánimo de una descripción crítica del desarrollo normativo y jurisprudencial del arbitramento y sus alcances en la contratación estatal, así como su impacto en la comprensión clásica de la presunción de legalidad, el texto: i) enuncia los antecedentes normativos de los Decretos 150 de 1976 y 222 de 1983 y sintetiza la comprensión jurisprudencial del tópico en vigencia de aquellas normas; ii) explica la modificación introducida en la Ley 80 de 1983 y, especialmente, la relevancia del control de constitucionalidad en la Sentencia C-1436 del 2000; iii) recoge las implicaciones de esta providencia en la jurisprudencia del Consejo de Estado; iv) destaca la confusión jurídica en virtud de la Ley 1563 de 2012 y sus alternativas interpretativas; y v) expone la posición actual de la Sección Tercera del Consejo de Estado y su fragilidad argumentativa.

RESUMEN. El análisis de la presunción de legalidad del acto administrativo supone identificar y precisar si los tribunales de arbitramento tienen jurisdicción o competencia para pronunciarse sobre la legalidad de lo actos administrativos, es decir, para desvirtuar la presunción. La relevancia del tema supone estudiar la normativa y jurisprudencia relevante; así, el texto se centrará en analizar qué relación o afectación implica el arbitramento en la presunción de legalidad de los actos administrativos.