RESUMEN. En ciertos escenarios, la protección de los derechos fundamentales supone una afectación directa a la legalidad de las actuaciones de la Administración, admitiéndose que cualquier juez de la República, mediante un proceso judicial, preferente y sumario, sustituya materialmente –en su control– al juez administrativo. Así pues, la acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, y reglamentada en el Decreto ley 2591 de 1991, es un instrumento que no solo puede derivar en la ineficacia del acto, sino también en su invalidez. Esta posibilidad ha sido discutida en la doctrina y en la jurisprudencia, donde si bien no existen criterios uniformes respecto al alcance de la subsidiariedad, ofrece condicionantes según el tema objeto de debate. Finalmente, y a partir de lo descrito, de un lado, se cuestiona si el control de los actos administrativos es una materia reservada al juez administrativo –ya que pareciera ser objeto de control por todas las jurisdicciones–, y, de otro, si existen derechos y principios con mayor importancia jurídica cuya afectación justifique la intervención en la presunción del acto administrativo, en contraste con otros que, aun cuando se vulneren, no justifican la mezcla de objetos y de medios.

RESUMEN. Este texto examina: i) la tensión entre la presunción de legalidad de los actos administrativos y la posibilidad desvirtuarla en el marco de las acciones de tutela, afectando los juicios que realiza la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii) presenta un breve recuento histórico, que destaca el concepto clave del control de los actos administrativos en acciones de tutela: la subsidiariedad; y iii) cuestiona la naturaleza de los juicios de legalidad y de protección de derechos fundamentales en función de la presunción de legalidad.