RESUMEN. La expedición de la Ley 80 de 1993, y en general de todo el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, implica cuestionarse respecto de diversos factores y elementos, entre ellos, una restricción a la capacidad contractual como es el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades. En esta ocasión se analizará las inhabilidades e incompatibilidades, empezando por identificar su noción, la diferencia entre ambos conceptos, la implicación en la capacidad contractual, las normas que la regulan y las finalidades que suscitan.

RESUMEN. El Estado a lo largo de los años ha intentado combatir la corrupción y las malas prácticas en los procedimientos de contratación, así que, con el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades se limita la capacidad contractual de determinados sujetos que podrían incurrir en estas malas prácticas. Para abarcar lo correspondiente a este régimen, se estudian los conceptos de «inhabilidad» e «incompatibilidad», sus fundamentos jurídicos, su relación con la capacidad contractual, sus finalidades y la reserva de ley que caracteriza a este régimen.

RESUMEN. La capacidad jurídica, en los términos de los artículos 1502 y 1503 del Código Civil, no basta para acreditar la capacidad en el derecho público. La satisfacción del interés general, la protección del erario público y la búsqueda de un ejercicio ético de la función administrativa, fundamentan un régimen que, por razones subjetivas u objetivas, les prohíbe a ciertos sujetos celebrar contratos con el Estado. A continuación, se estudia i) qué son las inhabilidades y qué son las incompatibilidades, ii) cuál es su relación con la capacidad para contratar, iii) qué tipologías de normas crean las causales y iv) cuáles son sus finalidades y fundamentos.

RESUMEN. La Ley 80 de 1993 reguló la capacidad de las entidades estatales para contratar y, de igual forma, la capacidad de los particulares para ser contratistas de estas. Según el artículo 6, todas las personas consideradas legalmente capaces pueden celebrar contratos estatales, haciendo remisión a las normas de derecho privado que regulan la capacidad de las personas naturales y jurídicas. Esto implica que, en el marco de la contratación estatal, se adopta la regla general del derecho privado según la cual se presume que todas las personas son legalmente capaces, salvo excepciones dispuestas en la ley. El texto se ocupa, precisamente, de un cúmulo de excepciones particulares de la capacidad para ser contratista del Estado: las inhabilidades e incompatibilidades. A continuación, se presenta una introducción general al tema, agotando así la definición y delimitación conceptual de dichas instituciones, su fundamento y finalidad. Se excluyen del escrito las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el respectivo examen práctico.