RESUMEN. La vigilancia, la inspección, el seguimiento y la revisión de los contratos estatales se materializan en distintas etapas, mecanismos o estrategias, siendo la «supervisión» y la «interventoría» cláusulas que las concretan. Con el propósito de caracterizarlas, por un lado, se estudia al sujeto que las desarrolla, cuestionándose la naturaleza jurídica –es decir, si es un servidor público o un contratista–, los requisitos de idoneidad o calidad, las funciones y su atribución y las inhabilidades, las incompatibilidades y los conflictos de intereses; y, por otro, se analiza la aplicación de las disposiciones que las rigen en los contratos celebrados por entidades excluidas de la Ley 80 de 1993, en los regidos por el Decreto 092 de 2017 y en los sometidos al régimen de contratación dispuesto para la ciencia y la tecnología.

RESUMEN. Los supervisores e interventores son determinantes en el cumplimiento de la obligación de las entidades estatales de vigilar permanentemente la ejecución de los contratos ─artículo 83 de la Ley 1474 de 2023─. Este escrito analiza quienes pueden ser designados o contratados como supervisores o interventores, cuáles son los criterios determinantes para su designación o selección y las formalidades a tener en cuenta. Así mismo, se analiza si la obligación de vigilancia permanente a la ejecución de los contratos les aplica a otros regímenes contractuales no sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ─EGCAP─, a los contratos a los que se refiere el Decreto 092 de 2017 y a otros regímenes que algunas personas podrían considerar problemáticos como es el caso de la contratación de actividades de ciencia, tecnología e información.

RESUMEN. Continuando con la investigación de las cláusulas de interventoría y supervisión, se analizarán dos aspectos fundamentales para entender su aplicación en el contexto de la contratación pública. Para esto, se empezará estudiando el ámbito de aplicación de la disposición que imponen la obligación de utilizarlas, con la intención de identificar si vincula a las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993 y las exceptuadas; además, a los contratos regidos por el artículo 355 de la Constitución y otras tipologías especiales. Finalmente, se examinarán los sujetos que ejercen la función de vigilancia y control mediante estas actividades.

RESUMEN. Reconocer que la vigilancia de la ejecución contractual es un deber de las entidades estatales, que deben cumplir con independencia del sujeto que escoja para que lo realice, problematiza la naturaleza de la supervisión y la interventoría. En efecto, puede considerarse, por un lado, una función obligatoria, que no debe acordarse en el contrato. Y, por otro, una cláusula del contrato, es decir, una verdadera estipulación proveniente del acuerdo de voluntades. Además de analizar la aplicación de las normas sobre la supervisión y la interventoría en los regímenes exceptuados, en el Decreto 92 de 2017 y en contratos especiales, este escrito profundiza la naturaleza de la cláusula, con el propósito de clarificar su condición dentro de la contratación pública.