RÉPLICA A LA HOSTILIDAD CONTRA LA IDENTIDAD DE GÉNERO

En la anterior columna de Opinión publicada en esta página, el 23 de febrero de 2019 –«Reflexiones sobre el libre desarrollo de la personalidad en torno a la “identidad de género”: impacto de su faceta prestacional en el Estado social y en el Estado de derecho»–, se plantearon varias ideas radicales que vale la pena refutar.

Como premisa de ese texto se asegura que los derechos fundamentales se han desarrollado bastante con la Constitución Política de 1991, y que lo propio sucede con los derechos prestacionales. El problema es que cuando el Estado actúa en casos en los que debe abstenerse, viola los derechos fundamentales de terceros, como sucede con el libre desarrollo de la personalidad “… razón por la cual… –a través de la coacción institucional y normativa– el Estado impone de forma autoritaria una determinada ideología, la cual protege los intereses de un sector minoritario de la sociedad”.

La razón de esta afirmación es que se califica como contra la naturaleza que la «identidad de género» privilegie los sentimientos de la persona sobre su naturaleza biológica, «en un razonamiento donde los principios lógicos de identidad y no contradicción brillan por su ausencia».

Se avanza hacia la idea de que es respetable la elección que el individuo haga de su identidad sexual –aunque se dice sin convicción–, pero «… lo que sí resulta arbitrario es que estas sean impuestas coactivamente y que, para colmo de males, los particulares se vean obligados a financiar deseos ajenos. Lo primero es propio de un Estado de Derecho, lo segundo es propio de las dictaduras…».

Con estas ideas se controvierte una sentencia de la Corte Constitucional, que protegió la identidad de género, donde se afirmó que la intervención quirúrgica ordenada era para «reafirmar la sexualidad» no para «cambiar de sexualidad». A continuación, extrañamente se incorpora en la misma crítica al Tratado de Paz con las FARC, que tanto le incomoda, porque en algunos lugares se refiere a la identidad de género, también porque los suscribió Juan Manuel Santos, o tal vez por ser simplemente la paz, o por las tres cosas.

Como si no fuera suficiente, se alinea la crítica contra la Ley 1482 de 2011, que modificó el Código Penal, porque se asegura que criminalizó la libertad de pensamiento y de conciencia, al tipificar los actos de «discriminación» debido a la «orientación sexual». Por esta razón, entiendo que se afirma que con esta ley, y con las decisiones de la Corte Constitucional, en Colombia se persuade por medio de la fuerza, y que esa clase de medidas, al igual que la paz, conducen a que los colombianos que tienen definida su identidad de género –y también su oposición a la paz– tengan que admitir mentiras y que los efectos económicos los asumamos todos, en lugar de los afectados.

¡Qué insensibilidad! En un esfuerzo que quizá sea imposible de coronar, trataré por lo menos de mostrar que los argumentos expuestos contra la identidad de género, y de carambola contra la paz, no son tan lógicos como cree la columna.

Para empezar, no es claro por qué se asegura que los derechos fundamentales solo son de abstención por parte del Estado frente a su garantía, como si todos tuvieran la estructura que tiene la libertad de movimiento, la vida, no ser torturado, ni desaparecido, ni esclavizado; cuando frente a otros derechos fundamentales, como la educación, el trabajo, la salud, la paz, ejercer una profesión u oficio, al Estado no le basta abstenerse para que el derecho se realice plenamente. Por el contrario, tratándose del segundo listado, el Estado debe intervenir fuertemente para materializarlos. En lugar de abstención se requiere actuación, prestación.

Basta pensar en lo siguiente, ¿es posible educar sin instituciones ni maestros pagados por el Estado; cómo se garantiza la salud sin infraestructura y logística para atender enfermos; cómo se materializa el derecho al trabajo sin programas de formalización, de estímulo y hasta protección? Frente a estos derechos fundamentales, la actividad de gestión del Estado es evidente, y necesaria. Ni en los países más neoliberales sucede lo contrario. Desde este punto de vista, ¿por qué sorprende que la identidad de género se garantice con intervenciones positivas del Estado –acciones afirmativas–? ¿Cómo se puede pedir abstención si ella facilita la violencia de género y la sexual? No creo que eso sea lo que se busque.

La preocupación más fuerte del columnista tiene que ver con los recursos destinados a atender la identidad de género, sobre todo si implica atención en salud, desde luego para los más pobres, porque los pudientes tendrán posibilidades de atenderse a sí mismos. Pide que quien no tenga definida «correctamente» su identidad de género, y definitivamente quiera «corregirla», que se atienda así mismo. Que no se gaste la plata de los impuestos.

Esta inquietud es tan interesante como discutible, pero no la veo real ni sincera, pues también tendría que reflejarse en el hecho de que el Estado gaste –inclusive más dinero– educando personas en cursos, carreras y especialidades que solo ellos quieren adelantar. ¿Capricho o derecho a la educación? ¿o ambos? ¿y con recursos del Estado? Que tire la primera piedra el que no se haya servido de la atención social, del auxilio del Estado, con los recursos de todos, para resolver alguna necesidad personal.

Tratándose de la identidad de género, me parece justo y necesario que el país, sus instituciones públicas, y ojalá las privadas, se preocupe por las personas que tienen conflictos emocionales y físicos asociados a su sexualidad, pues hoy el sistema de seguridad social atiende a personas con problemas menores, todo para que se sientan bien, física y sicológicamente, y para tener una población sana y fuerte, en todos los aspectos de la vida, capaces de trabajar, de integrase a la sociedad y de aportarle, y de vivir bien en su ámbito personal y familiar.

No comprendo por qué otros problemas emocionales, de menor entidad, sí los debe atender el sistema de salud, pero no los de identidad de género, que afectan más severamente la siquis, la emoción y el cuerpo de una persona. ¿Por qué no se critica eso? Creo que se debe a que no les molesta tanto que se gaste en eso como la existencia misma de personas con diversidad sexual.

Conozco un caso, en Alemania que sorprenderá a los que piensan de la manera que se viene reprochando en este escrito. Un alemán, esposo y padre de varios niños tuvo en una crisis emocional y sicológica –una depresión muy grave– porque el oficio en el que se formó y que ejercía no lo satisfacía, así que el trabajo que realizaba lo hizo profundamente desafortunado, afectando su vida personal y familiar, y desde luego su productividad y felicidad. Finalmente fue despedido, porque no rendía, porque no hacía bien su trabajo, creando un gran riesgo para la estabilidad emocional y alimentaria de su familia, y la propia. Por este hecho fue atendido, con gran diligencia, por el sistema de seguridad social de su país –el área de sicología–, que no solo le recomendó cambiar de profesión sino que con la ayuda del sistema de seguridad social y del educativo reinició su formación profesional –una reincorporación de este sujeto a una nueva vida profesional–, pagada por el Estado –y también le dieron un subsidio de desempleo–, formación que culminó para reincorporarse otra vez a la actividad laboral, en condiciones de volver a ofrecerle a su familia y a sus hijos –y a Alemania– un futuro mejor.

En Colombia esa clase de hombres terminan despedidos del empleo, luego en la pobreza, él y su familia, desgraciados e infelices para el resto de su vida.

La sociedad colombiana es tan enferma, que la indolencia se apoderó de ella. Actitud que aprendimos desde que caminamos sin inmutarnos –sobre todo en el centro de las ciudades– entre los que viven en la calle, en las aceras, con hambre, enfermos, heridos y sin ropa.

Frente a esto, cualquier problema humano parece estético y cosmético. Me da la impresión de que para la columna que reprocho la identidad de género es un asunto de esos: de cosmética, de estética o de vanidad física –un arreglo de nariz, de mentón, una lipoescultura–, no un problema profundo del ser humano, del espíritu, de un sujeto que sufre en la única existencia que tiene, con la que lucha por ser lo que quiere ser, lo que su emoción le dice que es, aunque objetivamente vaya contra la «naturaleza biológica», pero de ninguna manera contra la «naturaleza emocional», que también es naturaleza y con la cual convive la biológica.

Al comparar, me parece más urgente y necesaria la ayuda integral para personas que padecen estas condiciones de vida, que para muchos enfermos físicos y sicológicos cuyos padecimientos son menores, más llevaderos, pero que el sistema de salud colombiano sí atiende.

Para terminar, el columnista concluyó señalando que el respeto a la identidad de género se está logrando por medio de la fuerza del Estado, con las sentencias de la Corte Constitucional y con las leyes que criminalizan la discriminación por razón del sexo, actitud que califica de dictatorial porque impone una ideología a la mayoría.

Todo indica que para esta visión del mundo el respeto a las minorías, a sus derechos, a sus oportunidades de existencia, no hace parte de los propósitos que un Estado se puede y debe fijar. ¿Quieren que no se reproche la critica destructiva y la persecución a esta población? ¿por qué creen que a la mayoría se le viola la libertad de pensamiento y de conciencia? No entiendo, y menos puedo creerlo, porque a las minorías, en este caso las sexuales, como a las minorías de otra clase, hay que protegerlas de manera especial, y hasta reforzada, tanto como sea necesario para que la mayoría de «normales» no las sacrifiquen ni hagan sufrir. ¿Cómo apreciará nuestro columnista la censura al bullying? ¿Otra violación al derecho a la libertad de expresión de la mayoría de niños violentos?

El argumento que aquí se defiende se debe extender a todas las formas de protección especial que ofrece el Estado, que de ninguna manera es coacción a las mayorías. ¿Qué se diría, entonces, de las formas de protección legal y jurisprudencial a los sordos, ciegos y mudos; o a las mujeres; también a los minusválidos; a los que profesan religiones minoritarias? ¿Coacción estatal indebida, o acciones afirmativas, racionales, que garantizan las oportunidades, los derechos, hasta la existencia y la salud física y mental de esa población?

Fabián G. Marín Cortés

Director del CEDA