RESUMEN. En la licitación pública, especialmente en la evaluación de las ofertas, los operadores jurídicos se enfrentan con diversos escenarios – propios de la casuística contractual– que ofrecen interrogantes sobre la forma de actuar o tramitar ciertas etapas. Esto se complejiza cuando, pese a acudirse al ordenamiento jurídico, no se encuentra una respuesta precisa para cada pregunta. A propósito de la «evaluación de las ofertas», y de conformidad con la idea general expuesta, se estudian, de un lado, los casos en los cuales es necesario hacer un nuevo «informe de evaluación» –alterando la etapa de evaluación dispuesta en la norma– y, de otro, los casos en los que, en consecuencia, debe darse una nueva oportunidad para que los interesados presenten observaciones. Para ello se plantean criterios generales, con base en ciertos supuestos prácticos, con los cuales se espera que los operadores jurídicos resuelvan las problemáticas que surjan en una de las etapas más importantes del procedimiento de selección de contratistas.

RESUMEN. El informe de evaluación es el documento donde la entidad estatal compara objetivamente las ofertas con los parámetros técnicos prestablecidos en los pliegos de condiciones. A partir de allí, se determina un orden de elegibilidad que sugiere al ordenador del gasto el oferente que idealmente debería convertirse en adjudicatario. Es por esto por lo que el documento es muy relevante en el procedimiento. El texto estudia la posibilidad que previó el legislador en la Ley 80 de 1993 para presentar observaciones a este escrito. Se pretende un análisis general de la etapa, desarrollando así su fundamento normativo, teleología, contenido y oportunidad.

RESUMEN. Como se estudió durante las sesiones de este año, la licitación pública está integrada por diferentes etapas que materializan principios contractuales, y están dirigidas a garantizar que se elija la oferta más favorable para los intereses de la entidad. Entre estas etapas se encuentra la evaluación de las ofertas, la cual define directamente con qué oferente se celebrará el contrato. Producto de la «primera» parte de la evaluación, la entidad expide un informe de evaluación respecto del cual es posible que se presenten observaciones. En esta última fase se centra este escrito, el cual se propone estudiar el marco normativo, y algunas consideraciones generales sobre las observaciones al informe, concretamente, la oportunidad, sujetos legitimados para presentarlas, y otras concordantes.

RESUMEN. De conformidad con el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, las entidades deben publicar sus informes de evaluación durante cinco días hábiles, para que los oferentes presenten observaciones. Este ensayo cuestiona, mediante la relación de varias clases de supuestos, la competencia que tienen las entidades estatales para expedir más de un informe de evaluación, y de otorgar más de una oportunidad para presentar observaciones, debido a que la realidad administrativa demuestra que en muchas circunstancias las entidades se enfrentan a insuficiencias del informe «preliminar» que implica la publicación de un informe «definitivo». Para esto, se formulan los tipos de escenarios que posibilitan la discusión y luego se proponen varios fundamentos normativos que permiten concluir afirmativamente que las entidades deben publicar más de un informe, con el propósito de evitar decisiones irrazonables o desproporcionadas.